Las muertes que se registraron en Mar del Plata a manos de fuerzas estatales

A más de 40 años del retorno de la democracia,  la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) actualizó el archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado con los datos de 2023 y hasta el 20 de febrero de 2024.

CORREPI aclaró que el archivo no es perfecto porque muchas veces cuenta como única fuente con lo que publican los medios de comunicación. La base de datos registra 9175 casos desde el 10 de diciembre de 1983 al 20 de febrero pasado. Del total, 9.149 ocurrieron antes del 31 de diciembre de 2023 y 26 en el primer mes y medio de 2024. El 38% eran personas de menos de 25 años. El 46% tenía más y no hay datos de edad del 16% restante. 

Los cuatro años del gobierno del Frente de Todos concluyeron con un total de 1.924 casos, 384 en 2023. En los primeros 72 días del gobierno de La Libertad Avanza se empezó a visibilizar  el impacto de las políticas represivas: ya contabiliza 56 muertes.

2023: los datos nuevos 

El año pasado hubo 414 casos de los cuales 384 ocurrieron antes del 10 de diciembre durante la presidencia de Alberto Fernández y los otros 30, así como los 26 registrados hasta el 20 de febrero de 2024 en la de Javier Milei. 

De los 384 ocurridos antes del cambio de gobierno, 106 fueron fusilamientos de gatillo fácil; 248 muertes bajo custodia; 20 ocurrieron en contexto intrafuerza o intrafamiliar, entre ellos 12 femicidios de uniforme y 2 femicidios relacionados; una muerte se produjo en contexto de represión a la protesta (Facundo Molares Schoenfeld, asesinado por la policía de la Ciudad de Buenos Aires); una muerte fue consecuencia de otros delitos policiales y 8 corresponden a otras modalidades como el uso del patrullero como arma. 

Si se desglosan los datos por fuerza, en la gestión Fernández el 52% de las muertes (994 casos) corresponde a los servicios penitenciarios provinciales (con clara preeminencia del bonaerense, que concentra más de la mitad del total de personas detenidas del país, con 727 muertes); le siguen las policías provinciales con el 29% de los decesos (548 muertes); el Servicio Penitenciario Federal (118), la Policía de la Ciudad (93), la Policía Federal (85),  Gendarmería (20); Prefectura (9); Policía de Seguridad Aeroportuaria (3); otras fuerzas como FFAA y personal de institutos de menores (25) y seguridad privada (6).

Las nueve muertes que hubo en Mar del Plata y Batán 

En la ciudad, la policía usó un patrullero como arma la madrugada del 21 de agosto. José Ignacio Sallago tenía 33 años, trabajaba en Arcor y era un atleta nacido en Bahía Blanca. En 2022 había conseguido el tercer puesto en los 42K del Maratón Mar del Plata y también el podio en los 10K de la misma competencia el año pasado. 

Aquella madrugada conducía una moto Bajaj Rouser por la calle La Rioja. En la intersección con  Rivadavia la policía intentó identificarlo y él se negó. Las primeras versiones indicaron que la moto era robada. Amigos y familiares aclararon que Sallago la había comprado y estaba tramitando los papeles. 

El caso es que condujo por Rivadavia y tomó Independencia hacia Juan B Justo. Los patrulleros lo persiguieron y en la esquina de la avenida Juan José Paso le cruzaron un móvil. El atleta no pudo evitar el impacto. Chocó, el cuerpo salió despedido y murió en el acto.  

El 19 de junio de 2023, personal de la Subcomisaría Casino detuvo a Nahuel Olmos de 27 años. El hombre había mantenido una pelea en Moreno y Entre Ríos. Testigos manifestaron que había discutido con una kiosquera. De la seccional lo trasladaron al Hospital Regional donde ingresó con un cuadro grave. 

La familia no sabe qué sucedió. El padre sostuvo que al día siguiente, la policía estuvo en su casa y le avisó que Nahuel estaba detenido y se había descompensado producto de una alimentación deficitaria y el consumo de sustancias. Por eso lo habían trasladado al hospital. 

Sin embargo, los médicos informaron que según la policía había tenido un intento de suicidio y que había quedado sin custodia porque el Juez que intervenía en la causa lo había dejado en libertad. El padre regresó a la comisaría y encontró más confusión. Le dijeron que su hijo había querido ahorcarse con un buzo.  

El padre no creyó que Nahuel quisiera suicidarse. Además leyó en la causa que le habían sacado los cordones y pertenencias para que no se autolesionara y sabía que quería mudarse a Buenos Aires donde vivían sus hijos. Tampoco vio marcas en el cuello de Nahuel y sí en la cara  y la cabeza. 

Nahuel estuvo dos meses internado. Había quedado con ceguera y daño cerebral por falta de oxígeno. A los 70 días falleció en el hospital. La autopsia determinó que murió por asfixia aunque la investigación de la Fiscalía N 12 para determinar las causas de la muerte aún no arrojó resultados. 

El encierro que mata en Batán

Karina Paola Estefanía Argentino Molina de 40 años murió por enfermedad no asistida en la Unidad 50. Igual causa de muerte tuvieron Víctor Manuel Ferrara Burgos de 52 años el 21 de julio, Esteban Rey Contreras Bravo el 11 de diciembre y Roberto Carlos González Blanco de 49 años el 11 de noviembre. Los tres se encontraban en el mismo complejo penitenciario de la localidad vecina.

A Sergio Iván Chavez de 36 años lo encontraron muerto en una celda. Hacía quince días que había ingresado. Héctor Gastón Severini Violante de 41 años murió por ahorcamiento el 28 de noviembre igual que Sergio Emanuel Miranda Corrado que falleció el 29 de octubre 

La tendencia al aumento de muertes se sostiene más allá del color político

El informe observó que tanto en el gobierno de Mauricio Macri como en el de Alberto Fernández el crecimiento de las muertes en lugares de detención fue incesante. Y es el resultado del permanente aumento del índice de encarcelamiento y de la incidencia de la pandemia que resultó siete veces más letal en las cárceles que afuera. Recién en 2023 la cantidad de muertes en esos sitios bajó a niveles inferiores a los 8 años precedentes.

Como contraparte, tras la derogación de los protocolos Bullrich (N de la R: se refiere a las prácticas que Patricia, la actual ministra de Seguridad, aplicó en el mismo cargo durante la gestión de Macri) hubo un descenso del gatillo fácil.

En aquel Gobierno del PRO y la UCR hubo 511 fusilamientos con un promedio anual de 127 y un pico de 150 en 2018. “Fue el año en que estalló la doctrina Chocobar y se dictaron la Resolución 956 y otras en similar línea. Bastó su derogación, con la Resolución 1231/2019, para que el total de casos en los siguientes cuatro años descendiera a 416, con un promedio anual de 104 y un máximo de 111 en 2020, el año de la cuarentena”.

Más encarcelamiento = más muertes

CORREPI encontró las razones del aumento en el estado de la situación carcelaria nacional y el índice de encarcelamiento. “Según informes oficiales, entre 2001 y 2022 pasamos de 34.000 personas privadas de libertad en cárceles a más de 105.000, a las que hay que sumar alrededor de 20.000 en comisarías, alcaidías e institutos”, señaló la Coordinadora. 

En 2020 y 2021 la pandemia frenó los ingresos porque hubo jueces que evitaron el encarcelamiento de personas vulnerables por delitos menores. Pero en los últimos meses de 2021, 2022 y 2023 se aceleró de nuevo. “Hoy, a nivel nacional, es de 255 personas cada 100.000 habitantes”. 

Si se compara el número con los países que encabezan los récords mundiales como EEUU (639) o El Salvador (562) es menor pero si se tiene se cuenta que en 2002, primer año de existencia del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), se registraba una tasa de 123 personas cada 100.000 habitantes, el crecimiento es exponencial. 

La situación es similar en todo el país pero en la provincia de Buenos Aires es aún más notoria. “A diciembre de 2023 hay 56.627 personas presas, casi la mitad del total país, lo que representa una tasa por 100.000 habitantes de más de 300, muy superior a la nacional, con una sobrepoblación del 222%. En los últimos once años (2012-2023) la población detenida en comisarías aumentó casi un 400%”.